COVID-19 has resulted in a shock to agrifood systems around the world, with the potential for low- and middle-income countries to be particularly affected. Although policy responses were more muted than during the 2007–2008 world food crisis, efforts to insulate from supply shocks and ensure local availability during COVID-19 have generally included export restrictions and import tariff reductions, among other responses. In an effort to enable rapid market monitoring and realignment, we develop a new indicator defined as a monthly nominal rate of protection “express” which seeks to isolate as much as possible the effect of trade and market policies on domestic prices in real-time in order to understand how they responded. This analysis examines changes to this indicator during the first wave of the pandemic in 27 low- and middle-income countries for the most-consumed staple cereals of the poor and food insecure. We show that agricultural price incentives declined by 12.6 percentage points compared to the same months in previous years, suggesting that retail domestic price spikes may have largely been mitigated or avoided. However, impacts varied across countries and commodities, and this indicator can serve as a tool for examining primary drivers of changes and conducting causal analysis to facilitate adequate agrifood policy responses to support economic recovery in the post-COVID-19 era.

If we must eat to survive, we must make agriculture sustainable. To make agriculture sustainable, we must consider the necessary strategic actions to understand the challenges in the sector, solve problems and innovate. That is why in July 2017, several Ministers and other senior representatives of the Ministries of Agriculture of Suriname, Guyana, Haiti, Dominican Republic, Jamaica, Belize, Barbados and The Bahamas participated in the Caribbean Agricultural Policy Forum organized by the Inter-American Development Bank (IDB). The Forum analyzed the agricultural policy strategies of the different countries and their impact on the performance of the sector. It was an opportunity to discuss the challenges the Caribbean’s agricultural sector faces, including: the vulnerability of small producers to price volatility in the global market and of course the impacts of climate change. The dialogue was based on agricultural public policy data collected for each Caribbean country within the framework of the IDB’s Agrimonitor initiative. The following publication gathers the main findings and summarizes how agricultural policies affect producers and consumers as well as how the limited funding for agricultural services, such as research and infrastructure, could limit the ability of Caribbean farmers to compete effectively in global markets. The analyses presented are therefore meant to contribute to the Caribbean’s regional dialogue for the design of more effective agricultural policies, which we hope will strengthen the sector and improve the lives of people in the region.

This report analyzes agricultural policy in Argentina, in particular with respect to the degree of support producers and consumers receive. Available evidence suggests that: (i) as a result of export taxes, in most periods, domestic agricultural output prices have been lower than international prices; (ii) despite the previous finding, Argentine agriculture has shown a remarkable capacity for productivity and output growth; and (iii) since the 2016 crop year, significant changes in the agricultural policy environment have taken place. The analysis of available data also shows that significant changes are occurring in aspects such as farm size and in the linkages between production, input supply, and the output processing sector. The report also analyzes the support the public sector provided to producers in the form of funding for agricultural research, infrastructure, and other “public good” type of investments.

Este documento presenta un resumen de los principales indicadores de políticas de apoyo a la agricultura -disponibles en la base de datos de Agrimonitor- hacia finales de 2016, y representa una síntesis de las políticas de apoyo a la agricultura en América Latina y el Caribe. Este documento se actualiza de manera bianual a partir de información recopilada y actualizada por la iniciativa Agrimonitor y las tendencias de las políticas de apoyo a la agricultura en el continente.

El sector agropecuario es importante para la economía de Honduras, representa el 12.9% del Producto Interno Bruto (PIB), el 35.6% del valor total de las exportaciones del país, y emplea al 35% de la población económicamente activa. El sector agropecuario también juega un papel esencial en la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional. Un total de 1.2 millones de personas, el 11% de la población total, se encuentra en situación de malnutrición. Por su fuerte impacto en la economía en general y su importancia en la generación de divisas, la oferta de empleo y la seguridad alimentaria, el sector agropecuario es clave para el desarrollo social y económico de Honduras. No obstante, el crecimiento del agro depende, en gran parte, del conjunto de las políticas públicas y su efecto (positivo o negativo) sobre los precios, los ingresos de los productores y la creación de un entorno favorable para aumentar la productividad agropecuaria. Este informe, preparado en el marco de la iniciativa Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proporciona un análisis detallado y cuantitativo de las políticas públicas aplicadas al sector agropecuario en Honduras. Se utilizó la metodología de Estimados de Apoyo al Productor (PSE, por sus siglas en inglés) de la OCDE. El enfoque del PSE se centra en dos elementos principales de apoyo: (i) el efecto causado por las políticas del Gobierno de Honduras en los precios recibidos por los productores en las principales cadenas del sector agropecuario, y (ii) el apoyo proporcionado al sector a través de transferencias presupuestarias. El resultado del análisis es un conjunto de indicadores que permite la comparación de los niveles de apoyo entre años y subsectores, y que podría servir como referencia para medir los efectos de reformas o cambios en los programas, proyectos y políticas agropecuarias en los próximos años. Además, el análisis permite una comparación del nivel de apoyo agrícola en Honduras con el de otros países de la región. El informe se basa en el análisis de los indicadores del PSE en Honduras, preparado por el BID en 2014 , y que cubrió los años 2011 y 2012. Este estudio lo actualiza con datos que llegan hasta 2017. Antes de presentar los resultados del análisis cuantitativo, se ofrece una breve descripción de las políticas aplicadas por el Gobierno de Honduras en el sector agropecuario en su conjunto, así como a diferentes subsectores. El análisis abarca tanto el marco de política comercial del país como sus políticas internas, relacionadas con transferencias, precios, comercialización e impuestos. En el analísis de los indicadores también se integra información sobre la estructura de algunas de las cadenas de valor más importantes de Honduras (café, granos básicos). Esta información proporciona una visión más detallada de los incentivos y desincentivos a los que se atienen los productores de estos productos, y una indicación de si las distorsiones de precio observadas son resultado de políticas o características específicas de la cadena de valor. La última sección del informe presenta una descripción general de las recomendaciones de políticas, basadas en el análisis presentado. El objetivo de estas recomendaciones es servir como insumo para el diálogo, basado en la evidencia, sobre posibles cambios en políticas, para hacerlas más propicias para la inversión privada, y que podrían fortalecer la competitividad del sector agropecuario en Honduras.

Este informe analiza la política agrícola argentina, particularmente lo relacionado al nivel de apoyo brindado a los productores y consumidores. A manera de contexto, el informe comienza con un resumen del desarrollo que ha tenido la política agrícola en las últimas décadas, así como también el desempeño observado en el sector agrícola. El análisis de los datos disponibles también muestra que están ocurriendo cambios significativos en aspectos tales como el tamaño de la finca y la relación entre producción, provisión de insumos y el sector que procesa los productos. Durante los primeros nueve años de este período (2007-2015), las políticas agrícolas generaron impuestos significativos a la exportación de las principales actividades del sector. En números absolutos, en el período 2007-2016, el total de transferencias de los productores tuvo un promedio anual de alrededor de US$12 miles de millones. Estas transferencias representan alrededor de un 30 por ciento del total de ingresos brutos de los agricultores. Los granos y la carne bovina recibieron el mayor apoyo (negativo) en comparación con la producción de leche y la producción avícola y porcina. El informe también analiza el apoyo proporcionado por el sector público a los productores bajo la figura de financiamiento para la investigación agrícola, infraestructura y otros tipos de inversión en “bienes públicos”. Durante el período analizado, estas transferencias alcanzaron alrededor de US$500 millones anuales o aproximadamente 5 por ciento del total de transferencias (gravámenes a la exportación de productos agrícolas) realizadas desde los productores hacia los consumidores bajo la forma de ingresos tributarios.