Esta obra, cuyo estudio ha sido realizado por Margarita Serna Vallejo, catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de Cantabria, reúne los textos principales de nuestra tradición marítima, tanto atlántica como mediterránea, de la Baja Edad Media. El lector debe tener en cuenta que el derecho marítimo que se perfila a partir del tránsito de la Alta a la Baja Edad Media en las costas europeas es un derecho fundamentalmente consuetudinario porque fueron los propios navegantes quienes procedieron a su creación, englobando dentro del término "navegante" no solo a los individuos que tenían algún protagonismo en las actividades vinculadas directamente con el hecho de la navegación de las embarcaciones, con el arte de navegar en sentido estricto, sino también a los comerciantes que viajaban en los barcos con sus mercancías para poder negociarlas en los puertos de destino de las embarcaciones. Este derecho marítimo es de raíz consuetudinaria, sencillo, atécnico y transmitido oralmente, en cuya formación no intervino el poder público. No obstante, recibió, el apoyo de las autoridades, incluidas las propias monarquías, una vez que constataron la utilidad de sus disposiciones para ordenar el comercio marítimo. Así surgieron en la Corona de Aragón los consulados del mar con una doble personalidad: como corporaciones profesionales y como jurisdicciones, primero marítimas, y más tarde mercantiles, una vez que extendieron sus competencias sobre el comercio marítimo, pero también sobre el terrestre. En las costas cantábricas de la Corona de Castilla la aparición de los consulados se retrasó hasta la época moderna: solo el primer consulado, el de Burgos, se estableció en las postrimerías de la Baja Edad Media, en 1494.

El libro tiene por objeto el estudio de las cofradías pesqueras que han existido en Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña a lo largo de la historia, abarcando el período que se inicia en la Baja Edad Media y llega a 1978, momento en el que la entrada en vigor de la Constitución les otorgó una nueva cobertura legal. En los primeros capítulos analizamos la creación de las Cofradías de pescadores establecidas en la Edad Media en Castro Urdiales y Laredo y en Colindres en Época Moderna; su base humana, prestándose atención a la composición de los gremios y a los procedimientos previstos para la incorporación de nuevos cofrades; el sistema de gobierno con el que funcionaron la cofradías medievales y modernas; el derecho que durante siglos rigió la vida cotidiana de las cofradías; y las funciones y actividades profesionales, asistenciales, religiosas, políticas y jurisdiccionales desempeñadas por los gremios de mareantes. A continuación se avanza en los cambios introducidos en las cofradías de pescadores durante los siglos XVIII y XIX, hasta que en 1864 el legislador decidió la supresión de los gremios marítimos. La norma de 1864 sentó las bases para la transformación de los gremios de mareantes de Castro Urdiales, Colindres y Laredo en unas nuevas sociedades pesqueras y la constitución por primera vez en Santoña de una entidad pesquera.

EN ANTERIORES Encuentros se desarrollaron diversos aspectos de la historia de la propiedad, el VII –celebrado durante los días 15-17 de septiembre de 2010– se centró en la historia de la expropiación, que no deja de ser de algún modo historia de la no propiedad. De este modo se profundizó en líneas expositivas del Encuentro anterior dedicado a «Servidumbres y limitaciones de dominio». Puesto que en el capítulo de Margarita Serna se expone el contenido de cada una de las ponencias, nos ha parecido oportuno presentar brevemente unos cuantos temas que dan suficiente entidad a una actividad universitaria que quienes firmamos estas líneas venimos desarrollando desde 1998, con el compromiso de la edición de las actas y su difusión en la red (http://www.historiapropiedad.es) Buena parte de los autores se ven obligados a citar como referente el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que consagra el derecho sagrado e inviolable de la propiedad, salvo «causa de necesidad pública legalmente constatada». Pero sería caer en una visión teleológica el considerar esta norma, que ha inspirado más de un código, la realización ideal, pues entonces los antecedentes se rastrean con el único objetivo de explicar el presente de forma más o menos aséptica, al margen de la política. En el Encuentro, natural e inevitablemente, no se eluden las cuestiones relacionadas con el poder Política. La expropiación no es ajena a las cuestiones de tipo político. Así ocurrió cuando lo que estaba en cuestión era el modelo de estado, moderno o aristocrático, que se quería construir en Castilla, conforme a la interpretación de A. Franco Silva. Según ésta, las revueltas promovidas por los grandes a lo largo del siglo XV buscaron un mayor protagonismo en ese modelo de organización política y los que perdieron pagaron su derrota con la pérdida de la jurisdicción, es decir, se quedaron sin el ejercicio del poder sobre los hombres. Política no solo es «el Estado». Fueron los movimientos espontáneos desarrollados en el ámbito local durante el conflicto napoleónico, justamente cuando no hubo «Estado», precisa A. Linares, los que activaron el proceso de privatización de los bienes municipales. Igualmente intervino la política con distintos modelos que se fueron modulando o rectificando de acuerdo con los intereses creados, en cada momento y en cada territorio, alrededor del patrimonio rústico municipal Si en términos cuantitativos la desamortización municipal superó a la eclesiástica, fue esta expropiación la que levantó más polémicas. La ponencia de S. Almenar intenta restituir el hilo argumental de Flórez Estrada sobre la desamortización, lo cual implica necesariamente recorrer sus ideas sobre el derecho de propiedad y el desarrollo de la riqueza, pero también las del papel del Estado y los efectos de la deuda pública. Como es bien sabido, la política de expropiación eclesiástica de Mendizábal se asoció siempre con las reformas políticas del liberalismo. Por último, a diferencia de otros autores, Flórez sostuvo siempre una concepción unitaria de la política y la economía política como partes relacionadas de la «ciencia del gobierno», «la de organizar la sociedad» puesto que «abraza el sistema social entero» La política ocupa un lugar central durante la Segunda República. La Sanjurjada del 10 de agosto de 1932 proporcionó la legitimidad para expropiar sin indemnizar a quien se creía el sustento fundamental de la monarquía –de nuevo los grandes de España– y escaparse así de las restricciones presupuestarias. La gran expropiación se produjo con la llegada de la guerra civil para castigar económicamente a los «sublevados y financiadores de la rebelión» entre los que se hallaban «los grandes propietarios latifundistas» (R. Robledo). Finalmente, según las investigaciones de M. Álvaro, desde el comienzo mismo de la guerra civil se puso en marcha el mecanismo represivo de la expropiación, la incautación de bienes, donde convergen tanto el interés económico inmediato, como la voluntad política de no dejar a ningún supuesto responsable sin castigo, expresión de una concepción totalitaria de la sociedad y la justicia Justificaciones y compensaciones. Desde una u otra perspectiva el lector comprobará en las páginas de este libro la suma importancia de estas dos variables que acompañan a la expropiación. En la España imperial fueron Flandes, la guerra del Turco o los gastos en América los que sirvieron para justificar moralmente las enajenaciones La «necesidad grande» en que se hallaba el rey católico y «el aprieto y el peligro» para los intereses de la Cristiandad servían para doblegar las resistencias de Roma a desmembrar señoríos eclesiásticos o de Órdenes Militares. La bula era más fácil de conceder si se recibía una justa indemnización, tal como expone A. Marcos. En el derecho civil, la sacralidad de derecho de propiedad, solo se podría romper con la expropiación forzosa si existe realmente una determinada causa expropiandi que tiene que ajustarse a los requisitos de una razón de utilidad pública, a la contraprestación económica y a la realización en conformidad con las leyes (A. Luna) Lo que genéricamente entendemos como bien público suele justificar la expropiación. Destacan las «obras de utilidad pública» cuya necesidad fue acrecentándose a medida que aumentaba la población y el crecimiento económico. De hecho, según precisa D. Fernández de gatta, a lo largo del siglo XIX caminan en paralelo la legislación sobre obras públicas y vías de comunicación y la dictada sobre expropiación. Y lo mismo ocurrirá en el siglo siguiente cuando el crecimiento del consumo de automóviles precise la construcción de más carreteras y autopistas Garantías de la propiedad. La inviolabilidad, salvo en casos de necesidad pública, de la nueva propiedad que surge de la Revolución francesa es explicable en el contexto de arbitrariedad del Antiguo Régimen. Durante dos siglos, tal como analiza M. Fernando Pablo, códigos y constituciones de España y Francia han tratado de garantizar la seguridad de la propiedad, produciéndose en los últimos años la degradación de la institución expropiatoria en España. Como garantía de la propiedad expropiada debe considerarse el derecho de recuperación o reversión, algo no fácil de materializarse como enseña el secular conflicto en el campo valenciano con motivo de la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII que trató de resolverse en las Cortes de Cádiz con la reintegración a la Real Corona de todas las jurisdicciones (M. Ardit). Desconocemos si con la existencia del Registro de la Propiedad se hubiera solucionado o no ese conflicto. Lo que sí sabemos, como explica J. M.ª Díaz Fraile, es que la reversión es un derecho en sentido técnico-jurídico y al recaer directamente sobre el bien expropiado, parece clara su calificación como derecho real. Por eso, en los casos en que el objeto de la expropiación sea un bien inmueble, el derecho de reversión ha de entrar necesariamente en contacto con el Registro de la Propiedad Doctrina y jurisprudencia. No caer en lo que M. Bloch llamó «la obsesión de los orígenes» evita el sesgo teleológico, pues no existe una evolución lineal de la doctrina expropiatoria. Las construcciones dogmáticas experimentaron diversos cambios en el tiempo. Por ejemplo, el concepto de utilitas publica no siempre se concibió de igual manera en una etapa histórica y en otra. Del mismo modo el núcleo teórico de la expropiación fue variando: los juristas de la Castilla bajomedieval insistirían más en la causa y los modernos en la indemnización (J. garcía Martín). También es conveniente la comparación: la doctrina de los juristas catalanes de los siglos XVI y XVII, según A. Jordà, deja bien claro una serie de puntos que no se alejan en exceso de las ideas dominantes en Europa en aquellos momentos: exclusividad del rey para la expropiación, siempre que haya causa justa (el bien público), sea justa la compensación para los afectados y su utilización sea excepcional Como nos advierte A. Nieto, citado por J. Infante y E. Torijano, «Un “Estado de propietarios” […] no podía tener otro objetivo, en lógica, que proteger la propiedad de las dentelladas de los proletarios. Cubierto a entera satisfacción este flanco, había que completar la muralla levantando otro parapeto frente al propio Estado para evitar que de protector se transformara en depredador». En efecto, el análisis de la jurisprudencia demuestra que propiedad-expropiación constituyen una especie de cara y cruz de una misma moneda: la defensa de la propiedad individual salvaguardada por una consideración rigurosa e inflexible de la expropiación forzosa. Solo con la llegada de la Segunda República se agrietó este parapeto con la inclusión de la «utilidad social» en la regulación del derecho de propiedad en su Constitución La huella de la expropiación en las diversas constituciones es comentada por varios autores. T. R. Fernández se fija también en la Ley de 1954. Los límites tradicionales de la expropiación forzosa, hasta entonces vinculada esencialmente a la ejecución de obras públicas y referida, por tanto, a la propiedad inmueble afectada, fueron superados por aquella norma. De su eficacia da prueba el que esta ley franquista haya podido superar justamente el cambio constitucional de 1978 de modo que el autor la califica de «paraconstitucional». Se analiza también la constitución vigente y los diversos círculos que garantizan la adecuada aplicación de la expropiación. Por último, no falta en el libro el marco internacional. Desde el momento en que España ingresó en la Comunidad Económica Europea y, luego, en la Unión Europea tuvo que verse afectada por la legislación europea. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (1952) tardó décadas en tener vida jurisprudencial pues hasta 1982 no se abordó frontalmente la elucidación de la garantía europea del derecho de propiedad. J. Barcelona expone los aspectos más destacados del régimen europeo de las privaciones de la propiedad, teniendo en cuenta tanto la jurisprudencia de Estrasburgo como la doctrina que la analiza y esclarece Creemos que la importancia de estos cuatro apartados y la solvencia de las aportaciones justifican la atención del lector. Solo nos queda agradecer a los ponentes su participación en los debates acontecidos durante el Encuentro así como sus textos. Al Ministerio de Ciencia e Innovación la Acción Complementaria que tuvo a bien concedernos. Y, desde luego, al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España su generoso patrocinio, que arrancó en el ya lejano 1998 y ha llegado hasta la actualidad.

Desde el siglo XVI, momento en que dieron comienzo los viajes pesquero- comerciales de guipuzcoanos y vizcaínos a las costas de Terranova para ocuparse en la pesca del bacalao y en la caza de la ballena, naturalistas, historiadores, economistas, lingüistas y arqueólogos, entre otros colectivos, se han ocupado de las navegaciones vascas al litoral atlántico canadiense. El interés mostrado por los autores ha permitido la reconstrucción de una parte muy importante de esta manifestación del legado marítimo del País Vasco, pero quedaba pendiente el estudio jurídico-institucional de la participación de los navegantes de la Provincia de Guipúzcoa y del Señorío de Vizcaya en las travesías atlánticas de referencia desde el inicio de las navegaciones, en la década de los años treinta del siglo XVI, y hasta su finalización entre fines del siglo XVIII y los inicios del XIX. La investigación que ahora presentamos permite comprender el modo en que la actividad de guipuzcoanos y vizcaínos en Terranova se incardinó en la historia marítima y económica del País Vasco, en la historia de las relaciones de los naturales de la Provincia y del Señorío con la Monarquía Hispánica y en la historia de las complejas relaciones internacionales y coloniales establecidas entre las naciones europeas entre los siglos XVI y XVIII. Al tiempo hace posible el conocimiento del derecho mercantil, legal y consuetudinario, y del derecho internacional conforme a cuyos contenidos se realizaron los viajes pesquero-comerciales de los naturales del litoral vasco a Terranova.

Sámano es un territorio situado en el límite oriental de Cantabria, formado por los concejos de Mioño, Ontón, Otañes, Lusa y Agüera. En esta obra se analizan aspectos políticos, institucionales, sociales, jurídicos y económicos de Sámano desde su constitución como Junta en la Baja Edad Media hasta la disolución de su ayuntamiento en 1871, cuando se repartieron sus lugares y valles entre los municipios vecinos de Castro y Guriezo

The Consulate of Bilbao is a study framed between the peninsular consular histories, from the appearance of the first consulates in the Crown of Aragon during the late Middle Ages until the Bourbon reforms of the eighteenth century.